7. EL DESCONTROL ECONÓMICO
El gobierno de Bustamante quiso reforzar la presencia del Estado, orientar la economía al mercado interno, promover la industrialización y atraer al capital extranjero en mejores condiciones para el país.
También redistribuir la riqueza nacional a través de la regulación de precios e importaciones por parte del Estado. Por ejemplo, se decretaron el salario dominical, el congelamiento de alquileres, los aumentos a los empleados públicos y la gratuidad de la educación secundaria.
La ley de yanaconaje de 1947 fue una de las medidas más importantes del régimen, El yanaconaje suponía un contrato, generalmente no escrito, por el que el campesino conseguía el uso de tierras dentro de un latifundio a cambio de la obligación de trabajar en los cultivos comerciales del hacendado.
La ley del 47 prohibió “el trabajo gratuito”, tratando de imponer la remuneración salarial en las haciendas, fijó un monto específico de arriendo por las tierras cedidas a los yanaconas, prohibió a los hacendados el desalojo de estos de las tierras que ocupaban en sus dominios y también eliminó la obligación de los yanaconas de vender su producción al hacendado.
Durante el régimen de Bustamante se estableció una serie de mecanismos de control de cambios, regulación de precios de alimentos e intentos de dirigir las importaciones.
El tipo de cambio fijo era contraproducente en un creciente mercado negro de dólares y era especialmente resentido por los exportadores.
Estas políticas económicas llevaron a un grave desabastecimiento, corrupción e inflación (ya entre 1940 y 1945 el índice del costo de vida había aumentado en un 70% y, entre agosto y diciembre de 1947, la inflación aumentó en 55%).
Posteriormente se produjo una escasez de productos alimenticios, se reveló la inutilidad de los subsidios estatales a esta actividad y se inició un marcado incremento de las importaciones de alimentos.
La crisis económica llevó a un enfrentamiento entre las clases sociales cada vez más agudo. Las clases medias empezaron a ver con simpatía los llamados de la élite a restablecer el orden y la autoridad a costa del APRA y La resistencia de la oligarquía estuvo comandada por la Sociedad Nacional Agraria, donde se agrupaban los azucareros y algodoneros, y por un empresario y economista graduado en Londres, Pedro Beltrán.
La situación se polarizó después del asesinato del industrial Francisco Graña Garland, presidente del directorio del diario La Prensa y crítico prominente del APRA. Bustamante retiró a los tres ministros apristas de su gabinete para garantizar una investigación imparcial del crimen y formó un gabinete nuevo, donde la mitad de los ministros eran militares.
En julio de 1947, los congresistas antiapristas no se presentaron en la instalación del Parlamento, no pudiendo reabrirse el Congreso y haciendo más difícil la estabilidad del gobierno.
Beltrán, el nuevo director del diario La Prensa, desató una crítica más furibunda contra el APRA, llamando a formar una alianza nacional en su contra. Esta era una crítica sustentada en un proyecto político de más largo plazo, que puede resumirse en el liberalismo económico, la no intervención del Estado en la economía y una actitud pragmática hacia los gobiernos autoritarios.
Para la derecha, el problema de Bustamante eran la incertidumbre e incoherencia económica y no tener suficiente fuerza y autoridad para enfrentar los desórdenes sociales que promovía el APRA. Para los apristas, que también acabaron desconfiando del presidente y hasta acusándolo de traidor, el problema de Bustamante era que, a pesar de haber sido elegido con votos de ese partido, no reconocía la importancia de este en el gobierno y trataba de comportarse como un árbitro.
Eventualmente, el APRA buscó el apoyo de la tropa para acabar con la democracia, mientras que la derecha lo hacía entre los altos oficiales del ejército.
En los primeros días de octubre de 1948, el APRA alentó una sublevación en el Callao de la tropa de la Marina. El alzamiento fue reprimido con dureza por el gobierno de Bustamante, que suspendió las garantías constitucionales, declaró fuera de la ley al APRA y reanudó la persecución a sus militantes.
El fin del régimen democrático ocurrió unas semanas después, cuando se sublevó en Arequipa el general Manuel A. Odría, ex ministro de gobierno de Bustamante.
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